Airbnb promete quitar los pisos "ilegales" de su catálogo en la Comunidad.
Parece ser que la historia vivida en Barcelona no quiere repetirse en Valencia. Airbnb, la plataforma de alquiler de pisos para vacaciones más popular del mundo, junto con Booking han llegado a un entente cordiale con la Agencia Valenciana de Turismo para regularizar su situación en la comunidad.
Las premisas de la Generalitat eran muy similares a las de Barcelona. Si las empresas de alquiler no se hacían cargo de controlar a los pisos ofertados en su plataforma, las multas superarían los 90.000 euros. De esta manera, Airbnb, Booking, Fotocasa, Muchosol, Homeaway, Niumba, Milanuncios y Onlyapartments deben comprobar, uno a uno, que las casas cumplen las normativas autonómicas y estar registradas como viviendas turísticas; lo que implica que tributen como tal, o que al menos sus dueños lo hagan, además de que cumplan unos mínimos en cuanto a higiene y servicios disponibles.
De momento, la paz con la Comunidad Valenciana sólo ha sido firmada por Airbnb, Booking, Fotocasa, Muchosol y Onlyapartments, las cuales tienen un tiempo para poner al día su acuerdo y "obligar a registrar las viviendas a sus clientes". Y tienen mucho trabajo porque se estima que las viviendas que están al margen de la ley alcanzan la cifra de 200.000, repartidos por toda la Comunidad. Por su parte, Homeaway, Niumba y Milanuncios tienen abiertos varios expedientes y se espera que tengan que pagar una cuantiosa multa en las próximas semanas.
Una vez esperado el tiempo oportuno, la Agencia de Turismo lanzará inspecciones periódicas para así obligar a todos los que ofertan una vivienda a acatar la regulación vigente.
Valencia sí y Barcelona no
Desde junio de este mismo año, Europa dio su visto bueno a plataformas como las de Uber y Airbnb. Con salvedades respecto a la adaptación que deben sufrir en los diferentes entornos en los que operan, fue un espaldarazo a las grandes entidades digitales del mundo. Días después, Madrid ratificaba la posición de Airbnb en la capital, echando por tierra la limitación de los cinco días.
La cuestión es qué está ocurriendo en Barcelona. ¿Qué ha tenido que pasar para que en Valencia se haya podido llegar a un acuerdo para regular la situación y en la comunidad vecina sigan abiertos los expedientes? El problema de Barcelona viene de algo mucho más endémico. La vendetta de Colau no es sólo contra empresas de alquiler que no pagan sus impuestos sino contra el turismo en general que lleva copando las calles de la ciudad. Un acuerdo similar al de Valencia sería lo ideal para ambas partes, pero no solucionaría el problema de la gente.
Por el momento, los acuerdos en Barcelona están muy lejos y las multas se van a seguir sucediendo.